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Invertir en autonomía personal o hacer inviable la atención a la dependencia

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La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que casi todo el mundo viene en llamar “de dependencia”, va a ser revisada apenas transcurridos cinco años y medio desde su publicación. Es el fracaso de un modelo que no satisface a casi nadie, y que está llevando a una situación de insostenibilidad a un sistema que se ha diseñado para atender a la dependencia, en vez de promover la autonomía.

Cuando comparecí en 2005 como experto en el Congreso de los Diputados, para informar sobre el diseño de esta ley, ya expuse que era necesario diseñar normativa que fomentasen la autonomía de las personas, para que puedan valerse por sí mismas el máximo de tiempo posible. Promover la autonomía supone invertir en las personas, lo cual aumenta la propia dignidad siempre, y supone un ahorro económico a largo plazo. Una persona con autonomía, aunque reciba apoyos, va a consumir menos gasto público a lo largo de su vida que una persona a la que se le hace todo, que se le institucionaliza, con la consiguiente pérdida toda iniciativa personal.

Durante estos años ha existido una carrera desenfrenada por ver qué comunidad autónoma reconocía a un mayor número de “dependientes”, la mayoría, más de 400.000, para entregar a sus familias una ayuda económica, que en la Ley se establecía como una excepción, sin que ello esté suponiendo una mejora en la promoción de la autonomía de estas personas, porque no nos hemos ocupado de formar y capacitar a los familiares en cómo se mejora la autonomía. Como tampoco ha existido una especial preocupación en cómo cualificar a las personas y las entidades que prestan los servicios. 

Así han accedido a este “mercado” multitud de empresas sin especialización, que han abierto residencias, centros de día, o se han convertido en prestadoras de ayuda a domicilio, contratando con frecuencia a personal con escasa cualificación, y muy poca formación en las técnicas de apoyo para la autonomía personal.

Las entidades del tercer sector, las que han venido trabajando tradicionalmente con la discapacidad y logrando niveles muy altos de autonomía han contado muy poco en la implantación del sistema, siendo las mayores expertas con que cuenta este país en cómo se trabaja la autonomía en personas con importantes limitaciones.

La dependencia no es más que una consecuencia de la discapacidad que se hace presente en nuestras vidas, una situación que nos hace requerir del apoyo de otra persona para nuestro manejo en las actividades básicas de la vida diaria. Todos vamos a conocer la discapacidad en uno u otro momento de nuestra vida, y muy probablemente la situación de dependencia.

En España existen más de cuatro millones de personas con discapacidad, casi ochocientas mil tienen reconocido el derecho a la dependencia. El problema es que las personas con mayor dependencia están consumiendo los recursos, y se está dejando a las personas con mayores posibilidades de autonomía sin presupuesto para recibir apoyos. Muchas personas con discapacidad no pueden acudir a centros si no tienen reconocida la dependencia de grado II ó III.

¿A quién se le da prioridad entonces? La pregunta está mal formulada. Debería cuestionarse a qué se le da prioridad. Y la respuesta entonces es más sencilla y práctica. Fomentemos los apoyos en la comunidad, en vez de abrir más instituciones, más residencias. Formemos a los familiares. Promovamos la ayuda en el propio hogar, invirtamos en la accesibilidad de nuestros hogares y crearemos empleo en el maltrecho sector de la construcción. Formemos al personal que se dedica a esta importante tarea, exijamos profesionalidad, (no todo el mundo vale). La vida en la comunidad, aprovechando los recursos que ya tenemos, las viviendas, los apoyos familiares y vecinales, complementado por los apoyos más estructurados de entidades especializadas aportarán a la persona bienestar y harán sostenible económicamente el sistema.

 

 

 

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