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Más de mil millones de personas tienen alguna discapacidad

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El informe publicado recientemente por Naciones Unidas sobre la situación de la discapacidad en el mundo aporta datos estremecedores: más de mil millones de personas tienen alguna discapacidad. Lo que significa que, si hace unas semanas ha nacido en alguna parte del planeta el habitante que hace el número siete mil millones, una de cada siete personas tiene discapacidad. Y el fenómeno sigue creciendo, llevándose la peor parte los países empobrecidos, donde la malnutrición infantil, la violencia y las enfermedades están produciendo gran parte de estas discapacidades.

También el Banco Mundial señala que una de cada cinco personas que viven en pobreza extrema tiene discapacidad, lo que le convierte en uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en medio de una crisis global, en la que parece preocuparnos tan solo los movimientos de la bolsa, la prima de riesgo que pagamos por la deuda soberana o el déficit de las administraciones.

Naciones Unidas apunta la necesidad de aplicar la Clasificación Internacional del Funcionamiento la Discapacidad y la Salud (CIF) como instrumento de valoración para conocer la realidad que afecta a las personas con discapacidad y que puedan así formar parte de los programas de cooperación al desarrollo. También señala que la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad es una oportunidad para ejercer los derechos de ciudadanía. El primero a la vida, el segundo al alimento diario, el tercero a la salud y, así, una lista de derechos que no son diferentes a los que como seres humanos nos corresponden a todos.

La crisis, sin embargo, está orientando nuestra atención sobre la marcha de los ‘mercados’, produciendo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio que tienen establecido en 2015 la fecha de cumplimiento, están quedando casi olvidados. Sorprende con qué facilidad Europa, en menos de una semana, crea un fondo de estabilidad financiera de un billón de euros y, anteriormente, Estados Unidos, más de dos billones de dólares, para proteger sus economías y no somos capaces en 11 años de aportar las cantidades comprometidas para sufragar las inversiones que permitan cumplir los Objetivos del Milenio, eliminado la mitad de la pobreza, logrando la escolarización de la infancia, la mortalidad infantil, la salud materna, la erradicación de las grandes enfermedades…

Crisis con ética

La dichosa crisis de la que tanto hablamos no puede convertirse en un ‘sálvese quien pueda’. Es el momento de la solidaridad, donde los valores humanos deben prevalecer frente a quienes han convertido la especulación financiera en la diosa de sus bolsillos. Desde la economía social debemos apostar más que nunca por apoyar a las personas que dependen del sistema de protección social del que nos hemos dotado. Defender lo que tantos años ha costado construir, porque es la forma de cohesionar la sociedad.

Defender el sistema de salud y de protección social supone un compromiso de todos por la austeridad, por el uso más eficiente de los recursos, por acabar con las prácticas de abuso, de fraude, de economía sumergida y de ciertos despilfarros, como si lo público no fuera de nadie.

Las entidades sociales sabemos muy bien lo que significa trabajar con escasos medios, racionalizar el gasto, salir adelante todos juntos. Podemos y debemos aportar nuestro saber hacer, en una sociedad que parece solo funcionar al son de indicadores económicos.

Pero no se debe confundir austeridad con recortes que ponen en peligro la salud de las personas, las atenciones necesarias, el futuro laboral o los ingresos personales imprescindibles para vivir con dignidad.

Resulta patético el ejemplo de Hungría, un país pobre, y Austria, con una renta de las más altas de la Unión Europea, eliminando prácticamente las pensiones para la discapacidad. Sin ir tan lejos, también en España estamos viendo cómo se recortan prestaciones sanitarias, se reducen presupuestos de ayuda a domicilio, se dejan de pagar ayudas por dependencia…

Confundir austeridad con recortes no es un buen camino. A lo primero todos debemos apuntarnos, a lo segundo es ético oponerse si vulnera los derechos básicos.

En Cantabria sería lógico abogar por un gran pacto que nos permitiese contribuir entre todos a mantener la solidaridad, la protección social y salir de esta dichosa crisis sin que nadie se  puede en el camino. AMICA viene ofreciendo al Gobierno, a los ayuntamientos, a las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, toda su colaboración para conseguir que las personas con discapacidad no se queden fuera y que desde nuestras capacidades podamos aportar soluciones basadas en la ética y los valores humanos.

 

.- Este ártículo ha sido publicado como Editorial en el Boletín nº 70 (noviembre de 2011) de AMICA

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