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Boletín de AMICA nº 77

El 3 de diciembre pasado se ha publicado la Ley General de derechos de  las personas con discapacidad y de su inclusión social, refundiendo la antigua LISMI y la LIONDAU, adaptando la principal normativa española a la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006.

Si la promulgación de la Convención fue un salto histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el que hayamos publicado esta ley supone la confirmación y el compromiso del Estado español en hacer efectivos sus derechos.

La LISMI (Ley de Integración social de los Minusválidos de 1982) fue un gran paso en el reconocimiento de los derechos a recibir apoyos en la rehabilitación, los centros especializados, el empleo, las prestaciones económicas y este país salió de la absoluta marginación de las personas con discapacidad, logrando que fueran visibles. El reto que tenemos ahora con esta ley es que las personas alcancen la igualdad de oportunidades para participar en la sociedad como cualquiera, ejerciendo sus derechos y obligaciones de ciudadanía.

La misma definición de la discapacidad cambia, considerándola ahora como el resultado de la interacción entre las propias limitaciones y las barreras que el entorno presenta. La discapacidad ha dejado de ser un problema exclusivo de la persona, para entender que el entorno es determinante en cómo se manifiestan sus limitaciones. Se entiende que dependiendo de los apoyos que la persona reciba, su discapacidad va a manifestarse de forma más severa o más leve. A partir de ahora deberemos trabajar más por cambiar el entorno, por lograr que las actitudes de los demás  no sean marginadoras, porque se acepte a cada persona como es dentro de la diversidad humana, porque se eliminen las barreras físicas y también las sociales, porque se preste a cada persona los apoyos que precisa para que la igualdad de oportunidades sea real.

La propia valoración de la discapacidad debe cambiar según la ley, y otorga a la persona el derecho a que se valore su discapacidad y también sus capacidades, y a ser orientada sobre los apoyos y oportunidades que su entorno ofrece. De esta, forma quizás en un futuro no muy lejano, en vez de llevarnos un informe con un porcentaje de discapacidad, como ocurre ahora, salgamos de la valoración con un dictamen que relate las capacidades que tenemos y los recursos que existen en nuestro entorno para apoyarnos en nuestras limitaciones. Así daríamos el primer paso para poder ejercer los derechos básicos de las personas, para puedan realizar sus proyectos.

Nos emociona  ver convertido en ley este cambio de visión que hemos planteado durante tantos años, no solo porque ahora lo defenderemos con la Ley en la mano, sino porque puede abrir un nuevo futuro para todos, cuando la discapacidad se haga presente en nuestra vida. 

La Ley reconoce nuestra dignidad como personas siempre, nuestro derecho a ser vistos como ciudadanos que tenemos capacidades, sanciona incluso las conductas de discriminación, pero solo servirá como un gran avance si tomamos conciencia de los derechos que amparan la discapacidad, si las personas los conocen, si las familias son informadas y formadas, si las instituciones los ponemos en práctica, y exigimos su cumplimiento tanto desde sus órganos de gobierno, como a los profesionales que están en el día a día con las personas. Es una Ley que especialmente necesita de nuestro protagonismo para hacer realidad sus principios.

En Amica estamos desplegando multitud de actividades para avanzar en el ejercicio de derechos. Nuestro Cuarto Plan Estratégico contempla, en su primera línea de acción, una serie de objetivos para avanzar en este aspecto clave e irrenunciable. Ahora que estamos preparando la celebración de nuestro 30 aniversario, todos nuestros actos llevarán mensajes a la sociedad sobre el cambio de mentalidad que necesitamos, viendo a personas con capacidades y derechos donde antes se veía a “discapacitados”. 

Es una de nuestras contribuciones y nuestro compromiso para hacer cumplir la Ley.

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