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El incierto futuro de las políticas de empleo

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EDITORIAL publicada en el número 69 del boletín de AMICA (agosto), dedicando especial atención al 20º Aniversario de SOEMCA.

Dos décadas que han pasado desde que Amica inició su proyecto de creación de empleo con la puesta en marcha del taller de Confecciones Albor, contratando a las primeras 6 trabajadoras con las que se inició aquella aventura, convertida hoy en un proyecto de enormes dimensiones que aporta empleo a casi 450 personas en las actividades de confección, lavanderías y medio ambiente. Otras muchas, más de 150, han promocionado desde el centro especial de empleo a otras empresas y casi 400 personas han logrado acceder al empleo a diversas empresas recibiendo apoyos de formación y orientación.

Algo más de 2100 personas han recibido apoyos durante estos 20 años en Amica, un 56,5 %  encontró el empleo que buscaba. El proyecto fue creado para poder atender las necesidades de formación y laborales de la discapacidad en Cantabria. Durante la década de los 90 participamos en diversos programas europeos, Horizon, Equal y Leonardo, aportando algunas ideas claves, como que cada persona precisa de su propio itinerario individual, que los tiempos son diferentes según las capacidades y dificultades de cada cual, que los apoyos han de ser diferentes según las  necesidades particulares…

Hemos logrado demostrar que la formación, el empleo protegido y los apoyos para trabajar en otras empresas, son servicios que deben estar unidos creando un continuum hasta lograr que la persona consiga sus objetivos, su propio proyecto de vida. Esta fue nuestra propuesta a la Unión Europea, que mereció el I Premio a la Integración Laboral que nos concedió el IMSERSO allá por el año 1995 y fue entregado por S.A.R. la Infanta Doña Cristina.

Posteriormente, ya sin las ayudas europeas que contribuyeron decisivamente a poner en marcha los 13 centros de producción, con una inversión de más de 15 millones y medio de euros. El reto ha sido hacer sostenible las actividades productivas, estables los puestos de trabajo, ser competitivos, y prestar servicios a la sociedad cántabra aportando valor, demostrando que la economía social tiene también que jugar un papel importante para equilibrar la oferta y demanda como única regla, y el mercado laboral del que quedan apartadas muchas personas.

Hasta aquí todo merece ser festejado, hemos contado con políticas activas de empleo del Gobierno de España , transferidas después al Gobierno de Cantabria, que han hecho posible este enorme proyecto. Sin embargo, cuando iniciábamos nuestras celebraciones, un Real Decreto publicado en febrero ‘de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo’, deroga por sorpresa toda la normativa que venía regulando la relación laboral de carácter especial que venía protegiendo en España el empleo de la personas con discapacidad desde 1985, emplazando a la publicación de la nueva ‘Estrategia española de empleo’ para 2012 la promulgación del nuevo marco de protecciónlaboral.

Tras meses de negociación con el CERMI, y un cruce de documentos y propuestas, el Gobierno de España ha decidido que sean las comunidades  autónomas quienes definan sus políticas activas en el empleo de personas con discapacidad. Todo ello, además de dudosa legalidad (el Estado, titular de la competencia exclusiva en materia de legislación laboral –Artículo 149. 1. 7º de la Constitución– es el responsable del diseño y regulación de los programas de ayuda al empleo, correspondiendo a las Comunidades Autónomas su ejecución), resulta un gran despropósito, ya que mientras se desarrollen normativas autonómicas los centros que con tanto esfuerzo hemos creado se encuentran en una especie de limbo jurídico.

Si ya parecía inusual derogar la normativa existente, sin existir una alternativa que entrase en vigor inmediatamente, la situación creada al dejar en manos de las autonomías la elaboración de una legislación específica, crea alarma por la inseguridad que produce, pero también por las diferencias que se van a dar entre las diferentes comunidades, como ocurre en otros aspectos de los servicios sociales. No garantizar unos mínimos de protección al empleo de las personas con discapacidad para todo el territorio español, es una clara dejación de funciones del Estado, que debe procurar la equidad de servicios a todos los españoles allí donde residan.

En el marco que se plantea, según el CERMI “una comunidad autónoma podría decidir si concede o no ayudas de mantenimiento de empleo a los Centros Especiales de Empleo, el porcentaje de ayuda salarial que más le convenga, si se concede a todos los centros o solo a algún tipo de ellos, si las concede o en la misma o distinta proporción según el tipo y grado de discapacidad, etc...Los centros de empleo se instalarían en una u otra comunidad según el atractivo de sus ayudas. Se multiplicarían los problemas que ya estamos teniendo con algunas comunidades autónomas, cuando ejercen sus competencias de desarrollo actuales. Problemas hoy reducidos y todavía en alguna medida controlables pero que, sin duda, agravados por una dispersión de ayudas, cuantías y beneficiarios, sumirían a España en un caos de regímenes de ayuda, compitiendo entre sí o recortando a su antojo”.

En Cantabria, por ejemplo, la ayuda que se recibe por creación de un puesto de trabajo es la misma que se concedía en 1983 (2 millones de las antiguas pesetas, es decir 12.000€). Desde hace casi tres décadas se mantiene la misma cuantía, cuando ya en otras comunidades prácticamente se duplica esta cantidad. Los retrasos en el pago de las subvenciones para los salarios de los trabajadores se han estancado en una media de seis meses, llegando con frecuencia a mayor demora.

El nuevo ejecutivo regional, cuyos dirigentes han mostrado reiteradamente su preocupación por el empleo de las personas con discapacidad y por la situación de los centros especiales de empleo, tiene la tarea de resolver la situación urgentemente con nosotros, con las entidades que creamos empleo, para continuar con los apoyos al trabajo de la discapacidad, que tradicionalmente una sociedad solidaria como la nuestra ha mantenido.

Hemos de trabajar rápido para encontrar alguna fórmula que permita encauzar la situación entre las administraciones estatal y autonómica, para evitar un vacío legal. Está en juego el futuro de muchas personas que precisan de apoyo para salir adelante. En todo caso si nos ponemos manos a la obra para generar urgentemente una normativa que regule la relación laboral de carácter especial en Cantabria, podremos celebrar de verdad los 20 años de esta extraordinaria experiencia que ha sido crear empleo para personas con todo tipo de discapacidades, demostrando que son sobre todo, capaces de hacer bien su trabajo.

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