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Editorial.
El Boletín de Amica nº 80

La celebración de nuestra Asamblea invita cada año a reflexionar sobre lo realizado y la situación del entorno en que nos movemos. En ella tomamos decisiones claves que van a determinar el rumbo y el futuro de Amica en tiempos tan turbulentos y difíciles.

Presentar un déficit no muy cuantioso, pero sí significativo que indica la tendencia sufrida en los últimos años, donde los apoyos institucionales han sido más bien precarios. Amica ha subsistido y mantenido más de 500 puestos de trabajo en tiempos de crisis gracias a las medidas de austeridad y las inversiones en maquinaria e instalaciones que han permitido grandes ahorros energéticos y de consumos, mejorando a la vez nuestra productividad.

Nuestro balance social es muy satisfactorio. En 2007 éramos, 470 y ahora somos 531 trabajadores; y hemos pasado en el mismo periodo de atender a 893 personas en 2007 a 1406 el año 2.014.

Podríamos estar contentos con lo logrado, pero sin embargo estamos enormemente preocupados por el estancamiento de las políticas públicas para favorecer la autonomía, la participación y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Condicionar el reconocimiento de la situación de dependencia para recibir los apoyos que como persona con discapacidad se necesitan, ha sido un despropósito. Ha producido que centenares de jóvenes con discapacidad, a quienes no se les reconoce la dependencia o solamente el grado uno, se hayan quedado sin recibir apoyos una vez finalizado el periodo escolar. Es imprescindible recuperar tiempo perdido, y establecer políticas que favorezcan los apoyos personales, la formación, el empleo para estas personas, que son además quienes pueden lograr mayores avances si tienen oportunidades.

En estos momentos en los que parece iniciarse una salida de la crisis hay que plantear que debemos salir todos de ella, no solo los más preparados, los que están en la mejor edad para trabajar. De la crisis hay que salir conjuntamente, si queremos avanzar y no dar marcha atrás en la cohesión social. Y las personas con discapacidad no solo están entre los sectores de mayor paro registrado, el mayor problema es la bajísima tasa de actividad, ya que tan solo una de cada tres personas en edad de trabajar es demandante de empleo o tiene un puesto de trabajo. Deben preocuparnos que casi la mitad de los jóvenes esté desempleada o que gran parte de los mayores de 55 años tendrán casi imposible volver al mercado de trabajo, pero no podemos olvidarnos del 1.450.000 personas con discapacidad en edad de trabajar.

Es el momento de diseñar políticas públicas de apoyo a la contratación de las personas más necesitadas, del impulso de la economía social, que es la única capaz de dinamizar tan ingente necesidad de emplear a personas  que están ya en situación de pobreza real, subsistiendo de las pensiones de sus mayores, de la ayuda de sus familias. Hay que desarrollar la Ley de Economía Social acordando con las administraciones públicas, los ayuntamientos, los gobiernos regionales y el Estado Central aquellas actividades que mejorarán nuestra calidad de vida, limpiando los bosques, los ríos y playas, mejorando el medio ambiente, reciclando todo lo que de desecho producimos, prestando servicios de acompañamiento a las personas de edad, de apoyo para el mantenimiento de sus hogares, de cuidado de nuestras calles, jardines y parques para hacer nuestro entorno más amigable.

Hay muchas actividades donde las entidades sociales podemos contribuir para que cada persona tenga un futuro, para que cada uno aportemos nuestra capacidad a la sociedad, sin convertirnos en un problema, devolviendo así a la comunidad los recursos recibidos, en forma de servicios, para disfrute de todos. Para ello es necesario una mayor implicación de las administraciones públicas, de sus líderes, en esta tarea de dinamización económica y social, teniendo un compromiso con hechos hacia los colectivos sociales, mejorando por ejemplo las cláusulas sociales en la contratación pública.

Nos hemos dotado de una administración demasiado rígida, burocratizada, que entorpece más que favorece el funcionamiento, la dinamización de las actividades que desde la iniciativa social pretendemos. Hay que agilizar esto si pretendemos avanzar. Los papeles no pueden seguir siendo una traba para todo, ni los requisitos la disculpa para que las decisiones tarden meses y años en convertirse en acciones. Resulta cada vez más triste que los políticos se escuden en las pegas que ponen los técnicos para justificar que las cosas queden sin hacerse. Estamos llegando al estado del absurdo, donde los tiempos de la administración son tan lentos que cuando llega el documento diciendo que ya está resuelto, resulta que falleció quien lo ha solicitado, o durante ese tiempo se ha arruinado o sencillamente la desesperación le hizo abandonar la idea.

Necesitamos que las políticas, las leyes, los decretos, las resoluciones y los presupuestos estén orientados a las personas, no tanto a los números, a los indicadores económicos. Hay que reorientar el rumbo. Las entidades de iniciativa social seguimos siendo necesarios para vertebrar esta sociedad, para darle forma, sacando adelante a muchas personas, aportando ilusión, valores, pero debemos pedir “un poco de por favor” para hacer realidad el sueño de tanta gente, antes de que su esperanza se convierta en desesperación.

Tomás Castillo Arenal

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